Un informe especial de Finanzas San Luis
por Ignacio A. Nieto Guil (*)
Comúnmente en economía cuando hablamos de “externalidades” o fallas del mercado, se las atribuimos al sector privado y poco se ha hablado en este sentido de los fallos del sector público, que son, ciertamente, innumerables. Según la teoría económica neoclásica, cuando el mercado no puede satisfacer de forma eficiente determinadas necesidades o asignar recursos disponibles, debe, en consecuencia, intervenir el Estado para corregir tales falencias. Sin embargo, muchas veces las decisiones de un gobierno fracasan en su intento de salvaguardar aquellas cuestiones que el mercado no puede solucionar. Además, de las constantes regulaciones sobre la población civil que asfixian la iniciativa privada o ciertas prácticas informales como hechos de corrupción o dádivas del cual ningún Estado está exento, generan lo que se denomina “fallas del Estado”.
Así pues, se podrá determinar anticipadamente que el Estado tiene fallos que sin lugar a dudas son más graves que aquellos producidos por el mercado por dos razones básicas. En primer lugar, los políticos y burócratas sirven a sus propios intereses a través del poder público y como señala Thomas Sowell “las políticas siempre deben medirse por los efectos que estos tienen en la sociedad, no por la intencionalidad con la que se aplicaron”. No obstante, este argumento tiene poca cabida en términos prácticos a la hora de juzgar las políticas públicas que, más bien, son guiadas por aspectos ideológicos y no por la realidad empírica.
En segundo lugar, se crean grupos de interés informados y organizados que imponen sus fines a través de la política en perjuicio de mayorías no informadas ni organizadas. De lo expuesto, el primer economista en acuñar el término en 1964 fue Ronald Coase (Nobel de Economía, 1991). Posteriormente, dos autores en la década de los años ochenta desarrollaron la teoría de la elección pública (Public choice theory) llamados James M. Buchanan y Gordon Tullock, realizando un análisis de los “fallos del Estado”. Estos dos autores afirman una serie de postulados que a continuación se enumeran brevemente.
El primero de ellos es el principio de la racionalidad de la ignorada. Se trata de aquí que los electores no pueden estar altamente informados sobre los programas electorales, ofertas o promesas políticas. Por ello es razonable ser ignorante en materia electoral y, en efecto, los votantes eligen candidatos sin estar informados, muchas veces por falta de incentivos. La decisión de un elector, ciertamente, no define el resultado. En cambio, en el mercado las decisiones recaen en nosotros mismos cuando compramos un producto y consecuentemente debemos estar bien informados. Si un producto o servicio no satisface las expectativas demandadas es posible cambiar de oferente. Ello no sucede en el terreno político.
El segundo es el efecto de los grupos privilegiados de poder. Al reverso del anterior postulado, estos grupos están altamente informados en el ámbito gubernamental generando apoyos a candidatos políticos para luego ser retribuidos con favores cuando estos lleguen al poder. Los grupos de presión tienen alta incidencia en los gobiernos, apostando por ciertos candidatos que, una vez que adquieren el poder del Estado, obtendrán de estos grandes beneficios en compensación de los apoyos económicos o mediáticos recibidos. Estos grupos de interés minoritarios actúan en detrimento de las mayorías sin acceso a la información, ni mucho menos acceso a centros de poder cerrados manejados por burócratas y empresarios relacionados al poder.
El tercero es el efecto de la representación no vinculante. Aquí el político no cumple con las grandes promesas electorales una vez que accede al poder y, en consecuencia, el ciudadano no puede demandar el cumplimiento de aquellas promesas. En tanto que en el mercado si un producto o servicio no cumple con la expectativa deseada se puede optar por otro. Por el contrario, en el ámbito público, ante el incumplimiento del programa propuesto en la campaña electoral el ciudadano nada pude hacer para que el burócrata cumpla con las grandes promesas de campaña durante su mandato efectivo.
El cuarto es el efecto de la miopía gubernamental. Una vez obtenido el triunfo los políticos inmediatamente están planificando y pensando en las próximas elecciones, ya que tienen un tiempo limitado en el poder. Es decir que, para asegurar su permanencia, tienen que volcar los recursos y el poder estatal a las elecciones que le siguen una vez electos. Para ello tratan de tener contentas a las mayorías a través de políticas populistas para de esta forma aumentar su rédito político. A diferencia de lo anterior, el empresario en un mercado competitivo debe planificar a largo plazo con previsibilidad si quiere subsistir, por ejemplo, realizando planes de inversiones que pueden exceder incluso la vida de los propios accionistas.
El quinto y último postulado aquí a desarrollar se denomina la carencia de incentivos para actuar de forma eficiente. Este punto se relaciona íntimamente con el anterior puesto que los políticos, al tener un tiempo limitado en el poder, van a tener las preferencias temporales demasiado altas por el corto plazo, sin importar el futuro, ya que, en caso de no ganar una nueva elección, la cuenta la pagará el próximo gobernante y las generaciones futuras. En este sentido, muchos de los programas implementados se mantienen no por ser eficientes sino por ser populares. Por tal motivo, el sector público carece de incentivos y, justamente, el burócrata busca aumentar el presupuesto y con ello asegurar su permanencia con independencia si lo está haciendo de forma eficiente o no. En el mercado difícilmente se pueda mantener un empresario si a largo plazo actúa de manera deficiente o a pérdidas, esto es, sin manejar de modo inteligente los recursos que posee; pues esto provocaría, sin duda, su quiebra.
Más allá de los principios descritos en los párrafos precedentes, sabemos que el Estado funciona a través de imposiciones normativas en base a su poder soberano de dictarlas y, en principio, los ciudadanos deben acatarlas. Entonces los constantes marcos regulatorios y burocráticos o la excesiva intervención centralizada de un minúsculo grupo de individuos llamados políticos, cuyo ejercicio es a través de la coacción, anulan precisamente la libre espontaneidad de la población civil para buscar soluciones de distinta índole, debido que, difícilmente, el Estado intervenga de manera eficiente y en pos de solucionar una falla civil. En todo caso debería proceder bajo un principio de subsidiariedad, o sea actuar en un número limitado de asuntos cuando los particulares bajo ninguna vía puedan solucionar adecuadamente alguna falla presente en los cuerpos intermedios. Pero, valga la aclaración, debe haber una imposibilidad manifiesta y en última instancia se justifica el accionar del sector público, agotado, en definitiva, todo tipo de solución por parte de los particulares.
En el caso de Argentina la alta presión tributaria, los altos porcentajes inflacionarios cada año, la constante emisión monetaria que deprecia el poder adquisitivo, o la excesiva deuda -dejando el problema a los sucesivos gobiernos-, sumado a la corrupción sistemática y endémica, generan constantes fallos estatales. Estos son algunos ejemplos de la mala intervención del Estado en nuestro país. Joseph Stiglitz, educador de nuestro actual ministro de economía, Martín Guzmán, es un gran defensor de la intervención del Estado en materia económica y reconoce en un trabajo titulado: “Government Failure vs. Market Failure: Principles of Regulation” que el Estado debería aplicar algunas de las reformas que sirven al sector privado en dos aspectos fundamentales: para aumentar la competitividad y la transparencia; y mejorar las estructuras de incentivos, sirviendo lo anterior, entre otras cosas, para aumentar la eficiencia y la capacidad de respuesta estatal, pues, el Estado cuando falla genera una baja de los incentivos del sector privado, reduciéndose este cada vez más en favor del poder estatal y por ende aumentando el intervencionismo colectivo ante los agentes libres y espontáneos de la población civil.
Lógicamente, el Estado muchas veces cree aplicar remedios que resultan ser más nocivos que la enfermedad. Y es en este sentido, que el político como todo ser humano se equivoca y, lo que es peor aún, actúa con un interés personal y egoísta. Apela, además, a los sentimentalismos más que a la razón, la lógica, la teoría y los principios de la recta razón. Entonces, el interrogante final sería plantear como aseveran James Buchanan y Gordon Tullock que: “la existencia de efectos externos de la conducta privada no es una condición necesaria ni suficiente para que una actividad caiga bajo el ámbito de la elección colectiva”. Esto quiere decir, que no todo lo que no puedan solucionar los agentes espontáneos de la sociedad civil debe caer necesariamente en manos del Estado, pues ciertamente, habrá que buscar otras soluciones que no dependan del poder burocrático.
(*) es estudiante avanzado en la carrera de Abogacía por la Universidad Nacional de San Luis. Actualmente articulista para diversos medios nacionales e internacionales, entre los que se destacan: La Abeja (Perú) y España Confidencial. Además, en Cruz del Sur Centro de Estudios (Buenos Aires), Fundación Libre (Córdoba), Finanzas San Luis, Biblioteca Kierkegaard Argentina, Tradición Viva (España), diario La Prensa (1869 – CABA), El Litoral (principal diario de la provincia de Santa Fe – 1918) en su versión digital e impresa y Chesterton.es. Citado por diversos medios, entre ellos, el diario de circulación La Primera de Perú.
© 2022 – Finanzas San Luis
Encontranos en Twiter – Facebook – LinkedIn – Instagram – YouTube
info@finanzassanluis.com
