Año 9 – Número 351
por Wendy Rodríguez
En esta edición:
- Nuevo indicador del INDEC: canasta de crianza
- Alivio para deudores UVA
- Nueva app para trámites en Rentas San Luis
- Se postergaron los pagos de la deuda con el FMI
- Ley de alquileres
- Mercados
Nuevo indicador del INDEC: canasta de crianza
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha dado a conocer por primera vez el Índice de Crianza, el cual tiene como objetivo convertirse en una referencia para la Justicia de Familia al momento de establecer las cuotas alimentarias que los padres deben pagar para cubrir las necesidades de sus hijos.
Este índice medirá el costo de los bienes y servicios esenciales en el cuidado de niños, niñas y adolescentes, abarcando aspectos como la alimentación, vestimenta, educación, vivienda, traslado y cuidado de los mismos. La canasta básica de crianza estará compuesta por dos componentes: uno que medirá el costo de provisión de bienes y servicios esenciales, y otro que evaluará el costo de los cuidados necesarios.
Según los datos presentados, la canasta de crianza para menores de un año se ha valorizado en $98.339 durante mayo de 2023, mientras que para infantes de 1 a 3 años el costo asciende a $116.050. Asimismo, se han establecido valores para otros tramos de edad, como $93.204 para niños de 4 a 5 años y $88.659 para aquellos de 6 a 12 años.
Este índice servirá como referencia para conocer cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Además, se espera que sea una herramienta útil en el ámbito judicial, particularmente en los procesos de separación de parejas, evitando la necesidad de que las madres tengan que demostrar los gastos de cuidado mediante comprobantes y otros detalles.
La estimación de la canasta de crianza toma en cuenta tanto el costo mensual de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y adolescentes, como el costo asociado al tiempo requerido para el cuidado. Las tareas de cuidado abarcan desde lavar y planchar ropa hasta ayudar con la tarea escolar o hacer compras, y se reconoce que están desigualmente distribuidas en términos de género en todo el país.
Es importante destacar que el cálculo del costo de los bienes y servicios se basa en el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, proporcionada mensualmente por el INDEC para medir la pobreza. La CBT incluye tanto los alimentos necesarios para cubrir requerimientos energéticos mínimos como los bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación y salud.
La existencia de más de 1,6 millones de hogares monoparentales en Argentina, que representan el 11,7% del total, pone de manifiesto las dificultades económicas que enfrentan muchas mujeres, especialmente aquellas que son madres solteras o están a cargo de la crianza de sus hijos. La falta de ingresos suficientes, el desempleo y la informalidad laboral son realidades comunes en estos hogares, y se suma a esto la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los padres, según datos de Unicef.
En otros términos, el Índice de Crianza proporciona una herramienta novedosa para medir y comprender los costos asociados al cuidado de niños, niñas y adolescentes, buscando promover una distribución equitativa de responsabilidades y una mayor protección para las familias vulnerables.
Alivio para deudores UVA
La Cámara Baja del Congreso ha remitido al Senado un proyecto de ley que busca abordar la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA. Este proyecto tiene como objetivo principal aliviar la carga financiera de los deudores, estableciendo medidas que protejan su economía y eviten situaciones de desalojo.
Una de las propuestas clave del proyecto es limitar la cuota mensual a pagar a un máximo del 30% de los ingresos del deudor. Esto busca garantizar que las obligaciones hipotecarias sean proporcionales y manejables para los ciudadanos. Además, se propone suspender los desalojos por un período de un año, brindando un alivio adicional a aquellos que están enfrentando dificultades económicas.
Para respaldar estas medidas, se crea el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH). Este fondo tiene la finalidad de cubrir las diferencias entre los salarios y el valor de las UVA/UVI, protegiendo así a los deudores en caso de desempleo. El FFCPH puede cubrir hasta tres cuotas y permitir la refinanciación del saldo restante en acuerdo con las partes involucradas. Sin embargo, es importante destacar que estos beneficios de compensación se aplicarán únicamente a aquellos deudores que hayan adquirido créditos por montos inferiores a 120 mil UVAs o su equivalente en UVIs.
El proyecto también establece que los deudores de créditos UVA de hasta 200 mil UVAs contarán con la cobertura de hasta 120 mil UVAs. No obstante, aquellos que superen los 200 mil UVAs no serán elegibles para recibir beneficios de compensación.
Es relevante destacar que solo el 3% de los tomadores de créditos UVA se encuentran en mora, lo que indica que la mayoría de los deudores están cumpliendo con sus obligaciones de pago de manera responsable.
La aprobación de esta medida en la Cámara Baja representa un avance significativo en la protección de los deudores UVA. El proyecto introduce un nuevo coeficiente para el cálculo de las cuotas, contempla deducciones en el impuesto a las Ganancias y establece la suspensión de desalojos y embargos, entre otras medidas. Además, se plantea una nueva forma de determinar las cuotas en función de la evolución del salario en comparación con la inflación, tomando como referencia el valor más bajo en caso de que el indicador salarial supere al índice inflacionario.
En caso de que el proyecto sea aprobado en el Senado, se espera que el Banco Central (BCRA) establezca un mecanismo especial para el procedimiento de venta de propiedad junto con el crédito existente, brindando así una opción adicional a los deudores UVA.
Con estas medidas, se busca brindar un alivio real y tangible a los deudores UVA, garantizando una mayor estabilidad financiera y protección frente a situaciones adversas.
Nueva app para trámites en Rentas San Luis
El gobierno provincial ha presentado esta semana una nueva aplicación móvil revolucionaria destinada a agilizar los trámites y gestiones relacionados con Rentas. Bajo el nombre de “DPIP San Luis”, esta aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en Play Store y App Store. Su principal objetivo es brindar a los ciudadanos contribuyentes una forma ágil, segura y confiable de gestionar sus impuestos.
Con una tecnología de seguridad de vanguardia la aplicación ha sido cuidadosamente desarrollada para garantizar la protección de los datos personales e impositivos de los usuarios. Cada detalle de la aplicación ha sido optimizado para ofrecer una experiencia fluida y sin interrupciones.
A través de esta herramienta innovadora los usuarios podrán realizar diversas acciones y acceder a una amplia gama de funciones. Podrán crear o renovar su clave fiscal utilizando una validación biométrica a través de RENAPER, lo que proporciona un nivel adicional de seguridad. Además, podrán gestionar sus cuentas relacionadas, recibir notificaciones importantes y comunicarse con representantes para recibir asistencia personalizada.
Entre las funciones adicionales se incluye la capacidad de generar y pagar tasas administrativas de manera rápida y sencilla. Los usuarios podrán visualizar los detalles de sus impuestos y realizar los pagos correspondientes utilizando el sistema VEP en red Link o Banelco. También tendrán la opción de descargar las boletas en formato PDF para mayor comodidad.
La aplicación también ofrecerá la posibilidad de ver y pagar las cuotas relacionadas con Viviendas Provinciales, microcréditos o multas, así como acceder y pagar los planes de pago establecidos.
En definitiva, esta aplicación ha sido diseñada para proporcionar a los usuarios una experiencia tributaria eficiente y conveniente. Con su avanzada tecnología de seguridad, una interfaz optimizada y una amplia gama de funciones que facilitan los trámites, el Gobierno provincial se compromete a ofrecer una herramienta segura y eficaz para la gestión de impuestos.
Se postergaron los pagos de la deuda con el FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Argentina ha decidido posponer los tres pagos programados para este mes hasta fin de mes, a la espera de los desembolsos del organismo. Estos pagos suman un total de 2.660 millones de dólares.
El gobierno argentino está negociando cambios en las metas de acumulación de reservas debido al impacto de la sequía y el déficit fiscal, así como en la asistencia del Banco Central al Tesoro. En la última semana, esta asistencia se vio afectada por el pago de los vencimientos de junio con el FMI.
El Banco Central envió al Tesoro 688.000 millones de pesos para hacer frente al vencimiento de 2.700 millones de dólares con el Fondo. Esta medida se considera transitoria, y se espera una devolución de los adelantos cuando el FMI realice los desembolsos correspondientes al programa.
Después de los vencimientos de julio, el cronograma de pagos establece montos de 751 millones de dólares en agosto, 913 millones en septiembre y 2.622 millones en octubre. En noviembre, vencen 666 millones de dólares y en diciembre, 913 millones adicionales.
El gobierno comenzó las negociaciones con la intención de que el FMI adelante los desembolsos restantes hasta fin de año, que suman alrededor de 10.800 millones de dólares. Sin embargo, aún sería necesario cubrir 1.300 millones de dólares adicionales, ya que el financiamiento del organismo se convierte en negativo este año, lo que implica que Argentina debe devolver más de lo que el FMI envía para el programa de Stand By.
A medida que las negociaciones se prolongaron más de lo previsto por el Ministerio de Economía, que esperaba cerrar la renegociación tras un viaje a China, las expectativas sobre los fondos que el FMI podría enviar se redujeron. Sin embargo, al posponer los pagos hasta fin de mes el gobierno ha ganado tres semanas adicionales para asegurar los nuevos términos, con el objetivo de mejorar la situación fiscal y los ingresos de los sectores más vulnerables.
Ley de alquileres
La Ley de Alquileres (Ley 27.551), sancionada en 2020, ha sido objeto de disputa y se está debatiendo su derogación o reformulación. La oposición ha logrado consenso entre 10 bloques para convocar a una sesión especial en Diputados, que se llevará a cabo el 23 de agosto, para discutir una posible reforma de la ley.
Esta ley regula los derechos y obligaciones tanto del inquilino como del propietario en los contratos de alquiler. Algunas de las disposiciones que establece incluyen la prohibición de los pagos adelantados, excepto el de un mes de alquiler y el depósito en garantía, así como la actualización anual de los precios.
En caso de que se suspenda la ley se eliminarían las regulaciones actuales. Por ejemplo, ya no habría contratos mínimos de tres años, y el tiempo de duración de los contratos dependería de lo acordado entre las partes, como sucedía antes de la regulación actual. Lo mismo ocurriría con los aumentos, que antes eran semestrales, y con los pagos iniciales al momento de alquilar.
La derogación de la ley, que algunos argumentan que ha reducido la oferta de inmuebles en alquiler y ha causado un aumento exorbitante en los precios de los alquileres, también se ve como una oportunidad para mejorar la situación actual.
Es importante tener en cuenta que esta ley fue votada en Diputados por la actual oposición y aprobada en el Senado por el actual oficialismo. Sin embargo, ha generado diversas problemáticas para los propietarios. Algunos argumentan que, desde la implementación de esta ley, los precios de los alquileres han aumentado rápidamente, aunque todavía no han alcanzado los niveles de inflación. Los plazos de tres años dificultan la posibilidad de venta o alquiler temporario de los inmuebles. Además, el mes de depósito ya no cubre los costos y riesgos asociados con dejar el inmueble en óptimas condiciones, lo que ha llevado a una reducción en la oferta de alquileres.
Se argumenta que los políticos han complicado tanto a los propietarios como a los inquilinos al intervenir en el mercado de alquileres. Los intentos de mejorar la situación de los inquilinos han terminado perjudicándolos, ya que tienen dificultades para encontrar un alquiler, especialmente con los ajustes anuales y la presión de la demanda.
Antes de la ley, entre 2011 y 2020, la variación acumulada del precio medio del alquiler fue del 1125%, mientras que la inflación fue del 1574%. Esto significa que, funcionando el mercado libremente, los precios medios de los alquileres estaban por debajo de la inflación. Sin embargo, con la sanción de la ley, el precio medio del alquiler de 2020 a junio de 2023 aumentó un 595%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 470%. Algunos argumentan que los políticos han complicado la vida tanto de los propietarios como de los inquilinos al intervenir en el mercado de alquileres.
Mercados
El S&P Merval, que es el índice que refleja el rendimiento de las acciones más importantes de la Bolsa de Buenos Aires, experimentó un aumento del 1,4%. Las acciones locales en Argentina también registraron subidas de hasta el 4,3%. Asimismo, en Wall Street, los valores nacionales, es decir, las acciones argentinas que se negocian en ese mercado, tuvieron un buen desempeño, con incrementos de hasta el 5,9%. Estos datos indican un rendimiento positivo en general en los mercados bursátiles.
En cuanto a los bonos nominados en dólares, cerraron con pérdidas que alcanzaron el 8,6%. Esto significa que los bonos argentinos emitidos en moneda extranjera experimentaron una disminución en su valor. Las fluctuaciones en el mercado de bonos pueden estar influenciadas por factores como las tasas de interés y la percepción de riesgo por parte de los inversionistas.
Por su parte, el Banco Central (BCRA) decidió mantener las tasas de interés en un 97% anual, en respuesta a una aparente moderación en el ritmo de la inflación. Esto implica que las inversiones en plazo fijo seguirán rindiendo alrededor del 8,1% en depósitos a 30 días.
En cuanto al Bitcoin, una criptomoneda descentralizada cuyo valor se determina según la oferta y demanda en los mercados especializados, se cotizó en US$30.213,77 el 7 de julio, según el portal Live Coin Watch.
En relación a las tasas de cambio, el euro cerró a $282,10 para la compra y $296,41 para la venta. Por otro lado, los diferentes tipos de cambio del dólar experimentaron un aumento en su valor al finalizar la jornada:
- Dólar billete en el Banco de la Nación Argentina aumentó un 0.37% , $260 para la compra y para la venta $273.
- Dólar Blue: para la venta a $492 y para la compra a $487 marcando un aumento de 0,20%.
- Dólar turista o tarjeta (minorista más un 30% del Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes): $546 manifestando una suba del 0,37%
- Dólar mayorista (regulado directamente por el BCRA): subió un 0,23 % para la compra $260 y para la venta $261.
- Dólar contado con liqui (CCL) (ejecutado con el bono Global 2030): sube un 4% operando $480,90 para compra y $523,29 venta.
- Dólar MEP (operado con el bono Global 2030): se ofrece con un cambio del 0,01 a $485,23 para la compra y $486,80 venta.
- Dólar ahorro o dólar solidario (incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales): cotiza a $451,62.
- Dólar Qatar (incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales) operó a $546,00.
Es importante destacar, que la situación económica de un país, incluyendo la inflación, el crecimiento económico, la política monetaria y fiscal, así como los eventos geopolíticos, pueden afectar significativamente el valor de una moneda y los activos financieros relacionados.
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